Primicia: coronel Feria, al banquillo de los acusados por la prueba del polígrafo a Marelbys Meza
Después de casi dos años de dilaciones procesales, el caso por la polémica prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, entra en una fase decisiva. SEMANA conoció en primicia el documento judicial que fija para el 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana, la presentación del escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, exjefe de la Oficina de Protección Presidencial.
La diligencia se llevará a cabo ante el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, marcando el inicio formal del juicio contra uno de los oficiales de mayor rango involucrados en uno de los escándalos más sensibles del actual Gobierno.
Superado el conflicto de competencias
La reanudación del proceso se da luego de que se resolviera el conflicto de competencias planteado por la defensa del coronel Feria, que pretendía trasladar el expediente a la Justicia Penal Militar, bajo el argumento de que los hechos investigados constituían “actos del servicio”.
Sin embargo, el 12 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó esa tesis y determinó que el caso debía permanecer en la jurisdicción ordinaria, al considerar que los hechos no guardaban relación directa con funciones propias del servicio militar o policial.
Aunque esa decisión quedó en firme desde mediados del año pasado, solo hasta ahora la Fiscalía logró agendar la continuación de las audiencias, destrabando un proceso que había quedado prácticamente en pausa.
Otros policías también serán acusados
Además del coronel Feria Buitrago, la Fiscalía presentará acusación contra otros cuatro uniformados que habrían participado directamente en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2023, en la Casa Galán, sede alterna de la Presidencia de la República.
Los oficiales que irán a juicio son:
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Mayor Duván Andrés Muñoz Hernández
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Capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez
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Intendente John Alexander Sacristán Bohórquez
Todos ellos habrían actuado siguiendo órdenes directas del coronel Feria, según el ente investigador.
La acusación: traslado irregular y prueba ilegal
De acuerdo con el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los policías contactaron a Marelbys Meza y la trasladaron desde su residencia en Soacha (Cundinamarca) hasta el centro de Bogotá, sin orden judicial ni justificación legal alguna.
Una vez en la capital, fue conducida a una sala especial donde se le practicó una prueba de polígrafo, con el objetivo de interrogarla sobre el paradero de una maleta con dinero en efectivo y documentos sensibles pertenecientes al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, la cual se encontraba en el apartamento de Laura Sarabia, entonces jefa de despacho presidencial.
Según la Fiscalía, el coronel Feria, en virtud de su rango y cargo, impartió instrucciones precisas para obtener información sobre dicha maleta, la cual posteriormente fue catalogada como portadora de datos de seguridad nacional.
Un misterio sin resolver
A casi tres años de los hechos, sigue siendo un misterio el paradero de la maleta y las razones por las cuales fue trasladada desde la residencia de una alta funcionaria del Gobierno, pese a la sensibilidad del material que, según se dijo, contenía.
Este vacío de información ha sido uno de los aspectos más cuestionados del caso y una de las razones por las cuales la Fiscalía considera que los procedimientos utilizados fueron irregulares y desproporcionados.
Lo ocurrido durante la prueba de polígrafo
Según la denuncia de Marelbys Meza y los testimonios de policías que ya firmaron acuerdos de colaboración con la Fiscalía, la mujer fue llevada en una patrulla oficial hasta la Casa de Nariño.
Allí, el capitán Gómez y el intendente Sacristán la condujeron a la sala de polígrafo, donde le retiraron su teléfono celular y la sometieron al procedimiento, pese a que no era funcionaria pública ni hacía parte del Gobierno, requisito indispensable para este tipo de pruebas.
Al finalizar la diligencia, Meza recibió su celular y lo desbloqueó, momento en el cual —según su relato— uno de los uniformados se lo arrebató por la fuerza para extraerle información personal.
Delitos imputados
Para la Fiscalía, los hechos configuran un abuso grave de la función pública, ya que los policías no tenían competencia legal para practicar la prueba ni para retener el dispositivo móvil de la mujer.
Por ello, los uniformados deberán responder en juicio por los delitos de:
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Peculado por uso
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Abuso de función pública
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Constreñimiento ilegal
El proceso que inicia el próximo 18 de febrero será clave para establecer responsabilidades penales en un caso que sacudió los cimientos del Gobierno Nacional y puso en entredicho el uso del poder estatal frente a ciudadanos sin ningún tipo de protección institucional.
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