Polémica por “escuelas de sicarios” enfrenta a Huila y Caquetá
La controversia entre autoridades del sur del país continúa luego de que el alcalde de Florencia, Caquetá, Marlon Monsalve, se reafirmara en sus declaraciones sobre la supuesta existencia de “escuelas de sicarios” en el departamento del Huila, lo que ha generado rechazo, tensión institucional y un llamado urgente a la articulación regional.
El mandatario defendió sus palabras asegurando que su intención no era estigmatizar, sino alertar sobre la necesidad de enfrentar de manera conjunta los problemas de seguridad. “Creo que la hay, y aquí en el Caquetá también, en Bogotá y en el Valle del Cauca”, afirmó, ampliando el alcance de sus declaraciones.
Llamado a mesa regional
En medio de la polémica, Monsalve anunció la convocatoria a una mesa regional de seguridad para el próximo viernes, con el objetivo de reunir a autoridades de distintos territorios y abordar de manera coordinada la criminalidad.
El alcalde argumentó que un alto porcentaje de los delitos registrados en su ciudad involucra a personas provenientes de otras regiones. Según indicó, cerca del 72 % de las capturas entre 2025 y 2026 corresponderían a individuos externos, lo que, en su criterio, obliga a fortalecer el trabajo conjunto.
También mencionó casos puntuales en los que, según información de inteligencia, hechos delictivos en Florencia habrían sido planeados desde municipios como Pitalito, Huila.
Rechazo desde el Huila
Las reacciones en el Huila no se hicieron esperar. El alcalde de Pitalito, Yider Luna, rechazó de forma contundente las afirmaciones, calificándolas como irresponsables y ofensivas.
“Aquí no estamos preguntando de dónde son los delincuentes. Aquí estamos actuando”, señaló, destacando las estrategias implementadas en su municipio para combatir la inseguridad.
Luna defendió la imagen del territorio, asegurando que el Huila no puede ser estigmatizado. “Esta no es ninguna fábrica de sicarios. Aquí hay ciudadanos trabajadores que quieren vivir en paz”, afirmó.
Entre las acciones destacadas, mencionó la instalación de más de 520 cámaras de seguridad, redes comunitarias con más de 7.000 ciudadanos y sistemas de monitoreo permanente.
Más voces en contra
Desde otros municipios también hubo pronunciamientos. El alcalde de Garzón, Huila, Francisco Calderón Feriz, calificó las declaraciones como “desafortunadas e irresponsables”, asegurando que no existen evidencias de tales estructuras criminales en la región.
Por su parte, la secretaria de Gobierno del Huila, Liliana Vásquez, fue enfática al señalar que, si existen pruebas, deben ser presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.
“No es correcto excusarse en otros territorios ni estigmatizar regiones. La seguridad no se construye con declaraciones, sino con acciones”, afirmó.
Debate político y nacional
La polémica también llegó al escenario político. Congresistas y líderes regionales advirtieron sobre los riesgos de este tipo de afirmaciones, señalando que pueden profundizar divisiones y afectar la percepción de seguridad.
El senador Carlos Julio González Villa indicó que, de ser ciertas las denuncias, sería una situación extremadamente grave que requiere intervención inmediata de las autoridades.
A su turno, el representante Julio César Triana subrayó que el problema de fondo es nacional y no puede atribuirse a una sola región.
Incluso desde el ámbito local, concejales como Alejandro Serna rechazaron las declaraciones, defendiendo la imagen del departamento y destacando su desarrollo social y educativo.
Seguridad, un reto compartido
A pesar de la confrontación, algunos sectores han planteado una visión más amplia del problema. El excongresista Jaime Felipe Lozada señaló que históricamente han existido fenómenos de violencia en la región, relacionados con grupos armados ilegales, lo que demuestra que el problema trasciende fronteras territoriales.
En ese sentido, expertos coinciden en que la inseguridad en el sur del país responde a dinámicas complejas que involucran múltiples actores y factores, desde economías ilegales hasta presencia de grupos armados.
Un llamado a la coordinación
Más allá de la controversia, la situación evidencia la necesidad de fortalecer la cooperación entre departamentos como Huila y Caquetá, que comparten dinámicas sociales, económicas y de seguridad.
La mesa regional convocada podría convertirse en un primer paso para avanzar en soluciones conjuntas, siempre que prime el diálogo institucional sobre la confrontación política.
Mientras tanto, el debate sigue abierto, en medio de una creciente preocupación por el orden público en el sur de Colombia y la urgencia de respuestas efectivas que vayan más allá de las declaraciones.
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