Contraloría alerta por graves irregularidades en Coosalud: auditoría forense revela posibles pagos injustificados y fallas en el manejo de recursos
Una auditoría forense realizada por la Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la situación financiera y administrativa de Coosalud EPS, entidad intervenida por el Gobierno nacional. El informe identifica múltiples presuntas irregularidades que comprometerían el manejo de recursos públicos destinados al sistema de salud y que podrían derivar en responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias e incluso penales.
De acuerdo con las conclusiones del organismo de control, la EPS presenta un deterioro significativo en sus indicadores financieros, deficiencias en los mecanismos de control interno y posibles operaciones que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Auditoría detecta deterioro financiero de la EPS
Uno de los principales hallazgos de la Contraloría señala que Coosalud incumplía los indicadores financieros exigidos para garantizar su estabilidad. Entre ellos figuran el capital mínimo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas que respaldan la operación de las entidades promotoras de salud.
El informe también advierte sobre un deterioro acelerado de la situación financiera de la EPS, reflejado en el crecimiento del pasivo, un mayor nivel de endeudamiento y un incremento del riesgo de liquidez, factores que comprometerían su capacidad para responder oportunamente a las obligaciones con usuarios y prestadores de servicios de salud.
Según los investigadores, estas condiciones evidencian una situación de vulnerabilidad financiera que requiere una revisión exhaustiva por parte de los organismos de control.
Información contable con inconsistencias
La auditoría forense concluyó además que la información contable presentada por Coosalud presenta serias deficiencias en materia de calidad, consistencia y oportunidad.
Los auditores encontraron soportes insuficientes para respaldar algunas operaciones financieras, así como una gestión deficiente de la cartera y un alto riesgo de pérdida de recursos públicos.
Estas inconsistencias dificultan, según la Contraloría, establecer con precisión la situación financiera real de la entidad y aumentan las dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud.
Persisten problemas en la atención a los usuarios
Además de las observaciones financieras, el informe evidencia problemas operativos que afectan directamente la prestación de los servicios de salud.
Entre los hallazgos figura un aumento en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) relacionados con la atención de los afiliados, así como la persistencia en la entrega tardía de medicamentos.
La auditoría reportó que existían más de 72.000 entregas de medicamentos pendientes, situación que refleja dificultades en la operación de la EPS y que impacta directamente a miles de pacientes.
A ello se suma el presunto incumplimiento del régimen de inversiones que debe respaldar las reservas técnicas exigidas por la normatividad vigente.
Posibles pagos sin justificación y empresas vinculadas
Uno de los aspectos más delicados del informe corresponde a las presuntas irregularidades detectadas en operaciones financieras con empresas relacionadas.
La Contraloría señala que existirían posibles pagos sin justificación suficiente por más de 25.000 millones de pesos realizados a compañías vinculadas, operaciones que ahora serán objeto de análisis por parte de las autoridades.
Igualmente, la auditoría identificó el supuesto uso de recursos de la EPS para respaldar un crédito privado de Coosalud Inversa por cerca de 221.000 millones de pesos, obligación que posteriormente habría sido ejecutada sobre recursos pertenecientes a la entidad promotora de salud.
Estas operaciones hacen parte de los hechos que actualmente generan mayores cuestionamientos dentro del proceso de investigación.
Riesgos de conflictos de interés y débil control interno
Los investigadores también advirtieron posibles conflictos de interés en los procesos de auditoría de cuentas médicas debido a presuntos vínculos entre empresas auditoras y algunos proveedores.
El informe menciona además una posible integración contable entre Coosalud EPS, Coosalud Inversa y otras compañías relacionadas, situación que podría afectar la independencia y confiabilidad de la información financiera.
A ello se suma la presunta utilización de recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir gastos que no estarían directamente relacionados con la prestación de servicios de salud, un aspecto que deberá ser esclarecido durante las investigaciones.
La auditoría también describe un entorno de control interno considerado débil, con problemas de gobernanza, escasa segregación de funciones y deficiencias en los mecanismos de prevención de riesgos de corrupción.
Alta inestabilidad administrativa
Otro de los hallazgos destacados por la Contraloría es la constante rotación en la dirección de la EPS.
Según el informe, durante la actual administración nacional fueron designados ocho representantes legales en menos de dos años, situación que habría generado inestabilidad administrativa y dificultades para garantizar la continuidad de la gestión institucional.
Los investigadores también mencionan la posible existencia de una red de influencia externa, integrada por personas sin cargos formales dentro de la entidad, que presuntamente tendrían incidencia en decisiones estratégicas y financieras.
La investigación continúa
La Contraloría concluye que los hallazgos identificados durante la auditoría forense constituyen indicios que podrían dar lugar a procesos administrativos, fiscales, disciplinarios e incluso penales. Sin embargo, será el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades competentes el que determine si existen responsabilidades individuales o institucionales.
El informe se convierte en un nuevo capítulo dentro del seguimiento que realizan los organismos de control sobre las EPS intervenidas, en medio del debate nacional sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la administración de los recursos públicos destinados a la atención de millones de colombianos.
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