Contralor alerta reducción histórica de EPS en Colombia
El sistema de salud pública en Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así lo advirtió la Contraloría General de la República, al revelar un preocupante análisis financiero que evidencia el colapso progresivo de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), el aumento acelerado de sus deudas y el riesgo inminente de afectaciones al patrimonio público si no se adoptan medidas correctivas urgentes.
Uno de los datos más alarmantes expuestos por el organismo de control es la drástica reducción en el número de EPS que operan actualmente en el país.
“Al inicio de la Ley 100, en 1993, teníamos 157 EPS y hoy, activas, hay solo 28”, advirtió Julián Niño, contralor delegado para la Salud, en declaraciones al diario El Tiempo.
Deudas crecientes y pagos incompletos
El informe de la Contraloría detalla que la red hospitalaria pública enfrenta serias dificultades financieras debido al incumplimiento en los pagos por parte de las EPS. Durante el año 2024, los hospitales públicos del país facturaron un total de 18,8 billones de pesos, pero solo recibieron 15 billones, lo que equivale a una cobertura del 84 %.
La situación no mejoró en 2025. En los primeros nueve meses del año, la facturación hospitalaria alcanzó los 16 billones de pesos, mientras que los pagos efectuados apenas llegaron a 12 billones, ampliando el déficit y comprometiendo la sostenibilidad del sistema.
Según la Contraloría, esta brecha financiera obliga a los hospitales a operar con recursos limitados, afectando su capacidad de respuesta, especialmente en zonas rurales y apartadas del país.
Cartera vencida se disparó en 2025
El análisis oficial revela que la deuda acumulada de las seis EPS con mayores obligaciones creció un 42 % entre 2024 y 2025. La cartera vencida pasó de 4,5 billones a 6,4 billones de pesos, una cifra que, según el contralor delegado, demuestra que los recursos no están siendo transferidos oportunamente a hospitales e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
“Esto pone en riesgo el funcionamiento de la red pública, especialmente en zonas apartadas de Colombia, donde hay mucha menor oferta hospitalaria”, explicó Niño.
El funcionario alertó que, de mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar cierres de hospitales, reducción del talento humano en salud y graves afectaciones en la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos.
EPS con mayores deudas
En el listado de las EPS con mayores obligaciones financieras, Nueva EPS encabeza el ranking, al ser la entidad más grande del país, con más de 11 millones de afiliados. Le siguen Savia Salud de Antioquia, Asmet Salud EPS, con fuerte presencia en el suroccidente colombiano, y Comparta, que ya se encuentra en proceso de liquidación.
“En el top de deudas aparece la Nueva EPS, al ser la más grande del país. Luego Sabia Salud, Asmet Salud y una EPS muy complicada, que es Comparta, actualmente liquidada”, precisó el contralor delegado.
Impacto directo en los usuarios
Las consecuencias de la crisis financiera ya se reflejan en la atención a los pacientes. Según la Contraloría, se evidencia un deterioro significativo en el acceso a servicios básicos de salud, incluso aquellos que deberían estar garantizados a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
“Estamos viendo en todo el país que la gente está angustiada porque no encuentra citas con especialistas ni medicamentos, ni siquiera para enfermedades de alto costo o patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes o problemas de tiroides”, afirmó Niño.
Esta situación ha provocado una sobrecarga en los servicios de urgencias de la red hospitalaria pública, que termina absorbiendo la demanda que no es atendida por las EPS.
Críticas a la Superintendencia de Salud
La Contraloría también cuestionó la efectividad de las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, señalando que estas no han logrado corregir los problemas estructurales de las EPS intervenidas.
“Las medidas de intervención han sido ineficaces e ineficientes. No han permitido reencausar financiera, administrativa ni operativamente a las EPS”, sostuvo el contralor delegado.
Riesgo de daño fiscal
Finalmente, el organismo de control advirtió que, de no tomarse decisiones oportunas, la crisis podría traducirse en un grave daño al patrimonio público.
“La advertencia enviada apunta a que esto posiblemente se va a traducir en un daño fiscal. Pedimos a las autoridades revisar estas alertas y tomar decisiones para evitar que, a futuro, la situación se convierta en un perjuicio para el Estado”, concluyó Niño.
La advertencia de la Contraloría reabre el debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano y la urgencia de reformas estructurales que garanticen la continuidad de los servicios y la protección de los recursos públicos.
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