Conjueces decidirán si congresistas del caso UNGRD irán a la cárcel
El proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entró en una nueva etapa luego de que la decisión sobre la posible medida de aseguramiento contra varios congresistas investigados quedara en manos de dos conjueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
La sala de instrucción del alto tribunal no logró un consenso sobre si debía ordenarse la detención preventiva contra los parlamentarios implicados en el caso, lo que provocó un empate en la votación interna. Ante esta situación, el expediente fue remitido a los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca, quienes tendrán la responsabilidad de definir el futuro judicial de los investigados.
Los congresistas señalados en el escándalo
Los legisladores que podrían enfrentar una medida de aseguramiento en medio de la investigación son Wadith Manzur del Partido Conservador; Liliana Esther Bitar y Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal; Karen Astrid Manrique, representante de las curules de paz; y Juan Pablo Gallo, también del Partido Liberal.
Asimismo, el proceso incluye al excongresista Juan Diego Muñoz, quien militó en la Alianza Verde.
Dos de los parlamentarios involucrados —Manzur y Manrique— aspiran a reelegirse en las urnas durante las elecciones programadas para este 8 de marzo, lo que ha generado aún más atención sobre la decisión que deberá tomar la justicia en los próximos días.
Un empate en la Corte Suprema
La discusión dentro de la sala de instrucción de la Corte Suprema se extendió durante aproximadamente dos horas y media. En ese tiempo, los magistrados analizaron la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien expuso los elementos probatorios recopilados durante la investigación.
Sin embargo, al momento de votar sobre la solicitud de medida de aseguramiento contra los investigados, la sala quedó dividida y no se alcanzó la mayoría necesaria para adoptar una decisión.
Ante este escenario, el reglamento del alto tribunal establece que el caso debe ser resuelto por conjueces, juristas externos que intervienen cuando los magistrados no logran un acuerdo.
Quién es Alfredo Rey Córdoba
Uno de los encargados de definir el rumbo del proceso es el abogado Alfredo Rey Córdoba, reconocido por su trayectoria académica y jurídica.
Rey es profesor de Criminalidad Económica y Financiera en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. En esa misma institución también imparte la cátedra de Derecho del Espacio Ultraterrestre.
Según su hoja de vida, se desempeña como consultor externo en asuntos jurídicos relacionados con telecomunicaciones espaciales y satelitales.
Su carrera profesional incluye experiencia en la administración pública. Inició como juez penal municipal y posteriormente fue secretario de Gobierno de Cali, además de desempeñarse como alcalde encargado de esa ciudad.
En el ámbito diplomático también ha ocupado cargos relevantes, como ministro plenipotenciario y representante permanente alterno de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, fue embajador en misión especial ante la Conferencia Mundial del Espacio UNISPACE III realizada en Viena.
Trayectoria de Javier Fernando Fonseca
El segundo conjuez encargado de definir el caso es el abogado Javier Fernando Fonseca.
Fonseca es especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes.
Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico, donde ha ocupado cargos directivos en varias instituciones de educación superior.
Entre sus responsabilidades se destacan los cargos como decano de las facultades de Derecho en universidades como la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Cervantes San Agustín y la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Las pruebas dentro del expediente
El caso se centra en presuntos actos de corrupción relacionados con la aprobación de operaciones de crédito público en el Congreso durante el año 2023.
Según la investigación, los congresistas habrían aceptado beneficios a cambio de cumplir con su función dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En el auto de apertura de investigación, la Corte Suprema señaló que existen indicios de que los implicados habrían incurrido en el delito de cohecho impropio.
“La prueba muestra como probable que los sindicados habrían aceptado una promesa remuneratoria a cambio de cumplir con su función como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”, indicó el alto tribunal.
Dentro del expediente también figuran testimonios considerados clave por los investigadores.
Entre ellos se encuentran las declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, así como los testimonios del exdirector de la UNGRD Olmedo López y del exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla.
Además de sus versiones ante la justicia, los testigos han entregado diversas pruebas documentales como chats, correos electrónicos y comunicaciones que, según los investigadores, comprometerían a los parlamentarios.
Evidencias clave en la investigación
El magistrado ponente también incluyó en su estudio registros fílmicos, interceptaciones de llamadas y conversaciones digitales que harían parte del entramado investigado.
Estas evidencias, según el análisis judicial, apuntarían a que algunos de los congresistas habrían presionado para favorecer determinados contratos relacionados con recursos gestionados por la UNGRD.
La decisión final ahora dependerá del análisis que realicen los conjueces designados, quienes deberán estudiar el expediente y determinar si existen elementos suficientes para ordenar medidas de aseguramiento contra los investigados.
El fallo que adopten podría marcar un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos de corrupción que han sacudido recientemente al Congreso colombiano.
MIRAR MÁS NOTICIAS AQUÍ
