La Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, emitida por la Defensoría del Pueblo, ha generado inquietud entre los congresistas del Huila, quienes advierten que el panorama de seguridad en el departamento podría poner en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.
El documento, que identifica posibles vulneraciones al ejercicio político en distintas regiones del país, señala la persistencia de amenazas, atentados y restricciones que afectan tanto a líderes sociales como a aspirantes a cargos de elección popular.
“La violencia nos está arrebatando la democracia”
La senadora Esperanza Andrade afirmó que la situación no es nueva, pero sí cada vez más alarmante.
“Estamos pagando las consecuencias de la complacencia con los violentos y los grupos armados. Hoy más de 600 municipios del país están en riesgo de cara a las elecciones del próximo año. Mire el atentado a Julio César Triana; la Asamblea del Huila no pudo sesionar en La Plata; el candidato presidencial Felipe Córdoba no pudo llegar a Pitalito. ¿Quién se puede sentir seguro con esta ‘Paz Total’ que ha sido un fracaso?”, expresó.
Andrade señaló que, aunque no ha recibido amenazas directas, mantiene estrictas medidas de seguridad y exhortó al Gobierno Nacional a poner en marcha un plan integral que garantice el ejercicio político libre y seguro.
“Sí necesitamos seguridad”, advierte Leyla Rincón
Por su parte, la representante Leyla Rincón, del Pacto Histórico, reconoció que las condiciones de seguridad no son suficientes para todos los actores políticos.
“No he recibido amenazas, pero necesitamos garantías para ejercer nuestra labor. Este proceso electoral debe desarrollarse en condiciones seguras para todos los partidos. Agradezco las medidas brindadas, pero aún falta articulación con el Ministerio Público y las entidades competentes”, indicó.
Rincón destacó además la importancia de las reuniones sostenidas con la defensora nacional del Pueblo, Iris Marín, en busca de acciones coordinadas que respondan a las advertencias de la Defensoría.
Medidas reforzadas y precaución constante
La representante Flora Perdomo también manifestó su intranquilidad.
“Los hechos recientes evidencian que el riesgo es real. Me esfuerzo por seguir los protocolos de seguridad y reconozco el apoyo de mi esquema, pero el Gobierno debe endurecer las operaciones contra los grupos violentos y garantizar seguridad en las vías”, señaló.
Perdomo hizo un llamado a fortalecer la presencia institucional y la inteligencia militar para prevenir ataques y proteger la vida de los líderes políticos.
“El llamado de la Defensoría no puede quedar en el papel”
La congresista Luz Pastrana pidió al Ministerio del Interior, la Fuerza Pública y la Registraduría Nacional actuar de manera conjunta para blindar el proceso electoral.
“No me han amenazado directamente, pero la violencia en el Huila genera un ambiente de temor. No podemos decir que nos sentimos completamente seguros; claro que hay miedo e incertidumbre. Sin embargo, eso no debe paralizarnos”, afirmó.
Triana lo vivió en carne propia
El representante a la Cámara Julio César Triana, víctima de un atentado en zona rural de La Plata, advirtió que la alerta de la Defensoría refleja con precisión la situación del departamento.
“El atentado que sufrí en la vía La Plata–Paicol demuestra que aún existen grupos armados que buscan acallar las voces que piensan distinto. Valoramos el llamado de la Defensoría, pero necesitamos que el Gobierno pase del diagnóstico a la acción”, declaró.
Triana subrayó que el reto va más allá de la seguridad inmediata:
“Se requieren operaciones de inteligencia, programas sociales y oportunidades para los jóvenes. La inseguridad ha limitado el trabajo político en muchas zonas. Si el miedo nos paraliza, los violentos ganan”.
La Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026 advierte que en más de 600 municipios del país existen factores de riesgo que podrían afectar las próximas elecciones legislativas y presidenciales. El Huila, por su ubicación estratégica y presencia de grupos armados, figura entre los departamentos con riesgo medio y alto, lo que preocupa a los líderes locales y nacionales que buscan garantizar la participación democrática sin miedo.
