El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este 8 de octubre la sentencia de siete años de internamiento preventivo para el menor de edad responsable de disparar y asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un ataque sicarial que conmocionó al país. El asesinato ocurrió el mismo día de su captura, cuando la comunidad, el esquema de seguridad y la policía lograron detener al menor a unas cuadras del lugar del crimen. Durante el cruce de disparos, el menor también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
El menor inicialmente no aceptó su responsabilidad, lo que fue interpretado como una estrategia de defensa, pero posteriormente reconoció su implicación en el asesinato. Tras un juicio rápido, la justicia de menores determinó su culpabilidad, confirmando su internamiento preventivo. La defensa apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Bogotá validó la sentencia, dejándola en firme.
Este caso no solo involucra al menor, sino que también ha puesto de manifiesto una red criminal vinculada al magnicidio. En el curso de la investigación, al menos siete personas han sido capturadas por su participación en el asesinato, incluyendo a Élder José Arteaga Hernández, conocido como el Costeño, quien fue identificado como el “cerebro logístico” del atentado. Arteaga coordinó la obtención del arma y el reclutamiento del menor para llevar a cabo el asesinato.
Otras personas involucradas incluyen:
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Katerine Andrea Martínez (alias Gabriela), de 19 años, quien entregó el arma al menor y le dio las instrucciones para ejecutar el atentado.
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Carlos Eduardo Mora González, el conductor del vehículo que transportó a los involucrados.
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William Fernando González Cruz (alias el Hermano o el Viejo), encargado de planificar las rutas de fuga.
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Cristian Camilo González Ardila, quien recogió al menor tras el ataque.
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Harold Daniel Barragán Ovalle (alias Harold), quien contactó a los menores de edad involucrados en el atentado.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, un importante dirigente político del Centro Democrático, ha dejado una huella profunda en el país y ha generado un debate sobre la violencia y el uso de menores de edad en actos criminales. Las autoridades siguen investigando el caso, mientras que las sanciones para los demás implicados continúan en desarrollo.
