Las insólitas condiciones del Clan del Golfo para retomar diálogos con el Gobierno Petro
El grupo armado ilegal más grande del país, el denominado Clan del Golfo, volvió a la mesa de negociación con el Gobierno nacional tras varios días de tensión que lo llevaron a suspender temporalmente su participación en el proceso de paz.
El impase se produjo luego de declaraciones oficiales en las que se reiteró la persecución contra su máximo cabecilla, alias ‘Chiquito Malo’, también conocido dentro de la organización como ‘Javier’. El anuncio, que incluyó la ratificación de una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que condujera a su captura, fue interpretado por la estructura armada como una afrenta directa en medio de los acercamientos.
La controversia coincidió con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, escenario en el que se abordaron temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.
Exigencias para volver a la mesa
Fuentes cercanas al proceso señalaron que el regreso a la conversación se dio luego de que los delegados de la Casa de Nariño aceptaran, al parecer, dos condiciones planteadas por la organización armada.
La primera exigencia consistió en que el Gobierno y las Fuerzas Militares dejaran de referirse públicamente a la estructura como “Clan del Golfo” y adoptaran el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), denominación con la que el grupo busca un reconocimiento político dentro del proceso de negociación.
Este cambio semántico no es menor. Para la organización, ser identificada como EGC implica un tratamiento distinto frente al Estado, alejándose de la etiqueta estrictamente criminal asociada al narcotráfico.
La segunda condición apuntó directamente a la situación de alias ‘Chiquito Malo’. El grupo pidió que dejara de ser considerado “objetivo de alto valor” por parte de las autoridades colombianas, categoría que implica priorización en operaciones militares y de inteligencia.
El debate por el estatus de ‘Chiquito Malo’
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había reiterado públicamente que la orden de captura contra el cabecilla se mantenía vigente, así como la recompensa multimillonaria por información que facilitara su detención.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el funcionario recordó que la suspensión de órdenes de captura solo aplicaría de manera temporal y exclusivamente durante el desplazamiento de integrantes del grupo hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a la resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por la Consejería Comisionada de Paz.
Sin embargo, tras la controversia, el grupo armado aseguró que hubo un cambio en el discurso oficial. A través de su cuenta en redes sociales, celebró lo que calificó como un reconocimiento a su identidad y la decisión de retirar la consideración de “objetivo de alto valor” a su comandante.
“Las recientes actuaciones del Ministerio de Defensa Nacional, en lo concerniente al respeto por nuestra identidad como Ejército Gaitanista de Colombia, y la decisión de retirar la consideración de ‘objetivo de alto valor’ a nuestro comandante en jefe, ‘Javier’, nos permiten informar que hemos decidido levantar la suspensión temporal del proceso de paz”, señaló la organización.
Vigilancia permanente al discurso oficial
Según se ha conocido, el grupo narcotraficante ha mantenido seguimiento constante a las declaraciones públicas de las Fuerzas Militares y del Gobierno. Cada vez que se utiliza el nombre “Clan del Golfo” en intervenciones oficiales, se generarían llamados de atención a los delegados del Ejecutivo en la mesa de negociación.
El encargado de representar a la Casa de Nariño en estos acercamientos ha sido Álvaro Jiménez, quien ha debido sortear los reclamos de la organización frente a lo que consideran incumplimientos o mensajes contradictorios.
Un proceso en medio de la polémica
El regreso del grupo armado a la mesa ocurre en un contexto complejo para la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. Mientras el Gobierno busca mantener abiertos canales de diálogo con distintas estructuras armadas, sectores políticos y analistas cuestionan las concesiones que podrían estarse otorgando.
El debate se centra en si aceptar cambios en la denominación oficial del grupo o modificar el estatus de sus máximos cabecillas podría interpretarse como un reconocimiento político que trascienda el marco jurídico vigente.
Por ahora, las conversaciones continúan, pero las condiciones planteadas por el Clan del Golfo dejan en evidencia el delicado equilibrio entre la negociación y la acción judicial contra estructuras señaladas de narcotráfico, homicidios y control territorial en varias regiones del país.
La evolución de este proceso será determinante para medir el alcance real de la estrategia de paz del Gobierno y el margen de maniobra frente al grupo armado ilegal con mayor número de hombres en armas en Colombia.
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