La justicia condenó a más de 30 años de prisión a Deiver Jair Rodríguez Burgos, responsable del asesinato del fiscal huilense Karin Sefair Calderón, ocurrido el 10 de junio en medio de un violento caso de fleteo registrado en un centro comercial de Fusagasugá (Cundinamarca). El hoy sentenciado aceptó los cargos, lo que permitió avanzar en la decisión judicial.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía Seccional Cundinamarca, Rodríguez Burgos siguió a la víctima hasta el parqueadero del centro comercial Avenida Las Palmas, donde lo interceptó con un arma de fuego para despojarlo de 128 millones de pesos que acababa de retirar de una entidad bancaria.
Durante el asalto, el agresor le disparó inicialmente en una pierna y, cuando el fiscal cayó al suelo, lo golpeó y volvió a accionar el arma, causándole una herida mortal en el abdomen. Tras cometer el crimen, huyó del lugar en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.
Aunque Karin Sefair Calderón fue trasladado con vida al Hospital San Rafael de Fusagasugá, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.
Captura y proceso judicial
Rodríguez Burgos fue capturado tres meses después del homicidio, el 10 de septiembre, en el peaje de Gambote, en la vía que comunica a San Onofre (Sucre) con Cartagena (Bolívar), durante un operativo conjunto entre el CTI y la SIJÍN de Cundinamarca.
La Fiscalía lo acusó por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, cargos que finalmente fueron aceptados por el procesado.
Dolor en la Fiscalía y en el Huila
La muerte del fiscal Karin Sefair Calderón, de 49 años, causó profundo pesar en la Fiscalía General de la Nación y en el departamento del Huila, de donde era oriundo. El funcionario contaba con una trayectoria de más de 12 años en la entidad y una amplia carrera en la administración de justicia en departamentos como Caquetá, Cundinamarca y Casanare.
Sefair Calderón era natural del Huila y estaba casado con Carolina Alarcón, notaria del municipio de Campoalegre. Su asesinato reavivó el debate sobre la inseguridad y la violencia asociada al fleteo en el país.
