Condenan a expersonero de Altamira por ofrecer soborno con droga incautada
Un grave caso de corrupción sacude al sur del país tras confirmarse la condena contra el expersonero de Altamira, Juan Camilo Gómez Muñoz, quien fue hallado responsable de intentar sobornar a un fiscal para alterar un cargamento de droga incautada.
La decisión fue tomada por el juez Luis Alberto Chacón Díaz, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, quien lo condenó por el delito de cohecho por dar u ofrecer, junto a José Daniel Pimentel Mejía, conductor vinculado a la Alcaldía.
El plan: cambiar droga y repartir ganancias
El caso se remonta a mayo de 2020, cuando autoridades incautaron un cargamento de base de coca en zona rural de Altamira. La droga, que pesaba aproximadamente 135 kilos, era transportada en un vehículo tipo furgón y fue decomisada por unidades de tránsito y transporte de la Policía.
Según la investigación, Juan Camilo Gómez Muñoz y José Daniel Pimentel Mejía buscaron al fiscal Euriel Posso Figueroa para proponerle un acuerdo ilegal: sustituir la droga original por una sustancia falsa durante el proceso de destrucción.
El plan incluía devolver la mitad del cargamento a su propietario y repartir la otra mitad entre varios funcionarios, incluyendo miembros de la Policía, la Sijín, el Ministerio Público y el propio fiscal. A este último le habrían ofrecido inicialmente 50 millones de pesos, cifra que luego aumentó a 100 millones ante su negativa.
“Esa vuelta ya la habían realizado”
Uno de los elementos más contundentes del proceso fue el testimonio del fiscal Euriel Posso Figueroa, quien relató cómo se produjo el ofrecimiento el 14 de mayo de 2020 en un encuentro presencial.
Durante esa reunión, los implicados le explicaron que todo estaba preparado para ejecutar el plan, incluyendo la grabación de videos para simular la destrucción del estupefaciente. Sin embargo, en realidad se incineraría una sustancia falsa.
El fiscal también reveló que los acusados le aseguraron que este tipo de maniobra ilegal “ya la habían realizado antes”, lo que encendió aún más las alarmas sobre posibles hechos de corrupción previos.
Investigación y recolección de pruebas
Tras recibir la propuesta, el fiscal Posso Figueroa denunció el hecho, lo que permitió activar una investigación liderada por la Fiscalía. En el proceso participaron agentes del CTI, la Sijín y otras unidades especializadas que lograron recolectar pruebas clave.
Testimonios de investigadores y funcionarios presentes en la diligencia de destrucción del estupefaciente confirmaron que existían sospechas sobre un posible intento de alteración de la evidencia.
Finalmente, la sustancia fue destruida conforme a los protocolos legales, evitando que el plan ilegal se materializara.
Condenas y sanciones
El juez Luis Alberto Chacón Díaz determinó que los acusados actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta y que intentaron vulnerar la administración pública.
Como resultado, Juan Camilo Gómez Muñoz fue condenado a 78 meses y un día de prisión, además de una multa equivalente a más de 108 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, José Daniel Pimentel Mejía recibió una pena de 63 meses y un día de prisión y una multa de más de 87 salarios mínimos.
El despacho judicial negó a ambos beneficios como la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, ordenando su captura una vez la sentencia quede en firme.
Impacto en la confianza institucional
El caso pone en evidencia los riesgos de corrupción dentro de procesos judiciales relacionados con narcotráfico, especialmente en etapas críticas como la destrucción de evidencia.
Para el juez, la conducta de los implicados afectó gravemente principios fundamentales de la función pública como la imparcialidad, la probidad y la transparencia.
Además, la afirmación de que este tipo de prácticas ya se habrían realizado anteriormente abre interrogantes sobre posibles redes de corrupción más amplias que podrían estar operando en la región.
Un precedente clave
La condena contra el expersonero de Altamira marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Colombia, al enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de intentar manipular procesos judiciales.
El caso también resalta el papel de los funcionarios que denuncian este tipo de hechos, como el fiscal Euriel Posso Figueroa, cuya actuación fue determinante para evitar que el delito se consumara.
Mientras la sentencia avanza hacia su eventual firmeza, las autoridades no descartan nuevas investigaciones que permitan esclarecer si existen más personas involucradas en este tipo de prácticas ilegales.
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