La Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud formal de audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el ente acusador, existen elementos probatorios que permitirían vincular a los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro con delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema, encargado de la macroinvestigación por las irregularidades en la UNGRD, sostuvo que en el expediente reposan audios, documentos, declaraciones y comunicaciones que comprometerían a los dos exministros en presuntas maniobras para direccionar millonarios contratos dentro de la entidad.
Entre los elementos señalados destaca el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien afirmó que el 4 de diciembre de 2023 sostuvo una reunión con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que este habría solicitado orientar contratos por aproximadamente 35.000 millones de pesos con el fin de favorecer al congresista Julio Elías Chagüi.
En el caso de Ricardo Bonilla, el componente central de la imputación proviene de la declaración de su exasesora María Alejandra Benavides. La funcionaria sostuvo que el exministro era quien recibía a congresistas y autorizaba la entrega de acuerdos o convenios para proyectos regionales, supuestamente con el objetivo de asegurar apoyos políticos para las iniciativas del Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República.
Una vez fijada la fecha de la audiencia, Velasco y Bonilla deberán comparecer con su defensa para escuchar la formulación de cargos y la presentación de los elementos materiales probatorios. La Fiscalía también solicitará una medida de aseguramiento, argumentando la necesidad de garantizar el adecuado avance del proceso y reducir los riesgos para la sociedad y la investigación.
