Bukele propone cadena perpetua a menores
Reforma en El Salvador desata debate por endurecimiento penal
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa una polémica reforma que permitiría imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan delitos graves como homicidio o violación, una iniciativa que ya genera fuertes reacciones dentro y fuera del país.
La propuesta fue presentada por el gobierno salvadoreño ante la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, y amplía el alcance de una reciente reforma constitucional que endureció las penas para criminales adultos, incluyendo cárcel de por vida para homicidas, violadores y terroristas.
Endurecimiento sin precedentes
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la iniciativa busca cerrar vacíos legales que, según el gobierno, han sido aprovechados por organizaciones criminales.
“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua, aun en el caso de menores de edad”, afirmó el funcionario ante una comisión legislativa.
De acuerdo con Villatoro, los menores que ingresan voluntariamente a estructuras criminales o cometen delitos graves deben recibir un tratamiento distinto al de quienes incurren en faltas menores. En su argumento, señaló que el sistema penal juvenil ha servido históricamente como un mecanismo que permite a las pandillas utilizar a menores como mano de obra criminal con menor riesgo judicial.
Argumentos del gobierno
El ministro de Defensa, Francis Merino, respaldó la propuesta al asegurar que muchas de las acciones violentas de las pandillas han sido facilitadas por lo que calificó como “permisividad” de las leyes actuales.
Hasta ahora, la legislación salvadoreña contemplaba una pena máxima de 60 años de prisión y prohibía explícitamente la cadena perpetua. Sin embargo, con las recientes reformas impulsadas por Bukele, ese límite comenzó a modificarse.
La diputada oficialista Suecy Callejas defendió la iniciativa con una postura contundente: “No hay posibilidad de reinserción con los pandilleros, no hay posibilidad de rehabilitación”.
Proceso legislativo en curso
La reforma deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa en los próximos días para entrar en vigor. Además, se prevé que el proyecto específico que incluye a menores sea debatido y votado en el corto plazo.
Cabe recordar que, en 2025, el Congreso ya había aprobado una modificación legal que permite trasladar a menores vinculados con pandillas a cárceles de adultos, donde permanecen separados hasta cumplir la mayoría de edad.
Este contexto evidencia un endurecimiento progresivo de la política criminal del gobierno salvadoreño.
Críticas de organizaciones internacionales
La iniciativa ha sido duramente cuestionada por organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que advierten sobre posibles violaciones a estándares internacionales.
Según un informe de Human Rights Watch publicado en julio de 2024, más de 3.000 menores han sido detenidos bajo el régimen de excepción vigente en el país, una medida que ha sido señalada por vulnerar garantías fundamentales.
Asimismo, organizaciones como Cristosal han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, muertes en prisión y desapariciones forzadas, en el marco de la llamada “guerra contra las pandillas”.
Popularidad y resultados en seguridad
A pesar de las críticas, el presidente Bukele mantiene altos niveles de popularidad, impulsados por la significativa reducción de los índices de homicidios en el país.
Durante su gobierno, estructuras criminales como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 han sido debilitadas, lo que ha permitido alcanzar cifras históricas en materia de seguridad, según datos oficiales.
El modelo de seguridad de El Salvador ha despertado interés en otros países de América Latina, donde algunos sectores políticos plantean replicar estrategias similares frente al crimen organizado.
Debate jurídico y ético
El proyecto también ha generado un intenso debate entre expertos en derecho penal y derechos humanos, quienes cuestionan la proporcionalidad de aplicar cadena perpetua a menores de edad.
Algunos juristas advierten que esta medida podría contravenir tratados internacionales que promueven la reinserción social de los menores infractores y prohíben sanciones desproporcionadas.
El gobierno, por su parte, sostiene que la gravedad de ciertos delitos justifica un tratamiento excepcional, especialmente en un contexto donde las pandillas han tenido un impacto profundo en la sociedad salvadoreña.
Un punto de inflexión
El endurecimiento de las políticas de seguridad en El Salvador marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado enfrenta el crimen organizado.
Mientras el oficialismo defiende la necesidad de medidas drásticas para garantizar la seguridad, sus detractores advierten sobre los riesgos de debilitar el Estado de derecho y vulnerar derechos fundamentales.
Con la posible aprobación de esta reforma, El Salvador podría convertirse en uno de los pocos países del mundo en aplicar cadena perpetua a menores, consolidando un modelo de seguridad que sigue generando admiración y controversia a nivel internacional.
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