El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un duro revés político tras el hundimiento en el Congreso de la reforma tributaria, con la que se buscaba recaudar cerca de $16 billones para atender el déficit fiscal del país.

Luego de la decisión legislativa, el mandatario reaccionó a través de su cuenta en X, donde aseguró que el archivo del proyecto “no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional” y defendió la necesidad de obtener nuevos recursos en un contexto de déficit, especialmente —según afirmó— de una economía que considera “boyante” y de los sectores con mayores ingresos.

En medio del debate sobre las alternativas del Ejecutivo, surgió la posibilidad de declarar una emergencia económica, figura contemplada en la Constitución que permitiría al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el Congreso. Al respecto, Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, explicó en El Debate de SEMANA los alcances y riesgos de una decisión de este tipo.

“La importancia de una declaratoria de emergencia económica es que debe pasar por un proceso de revisión jurídico-constitucional ante la Corte Constitucional, porque le permite al Gobierno expedir decretos que no tienen que pasar por el Congreso”, señaló Mejía.

Sin embargo, fue categórico al advertir que esta medida “no sería una buena idea” para el bolsillo de los colombianos. Según el economista, hay dos razones principales:

Primero, considera que la reforma tributaria propuesta no es conveniente para el país, pues en varios aspectos representaría un retroceso en competitividad. Segundo, porque una emergencia económica aumentaría la incertidumbre, afectando la confianza de los inversionistas y el clima económico.

“Parte de la caída de la inversión se explica por los bandazos y las señales que no dan estabilidad en las reglas de juego. La declaratoria de emergencia económica es uno de esos elementos”, sostuvo.

Mejía también señaló que el hundimiento de la iniciativa no fue una sorpresa, pues, a su juicio, refleja el limitado margen político que actualmente tiene el Gobierno en el Congreso. Aunque el Ejecutivo cuenta con apoyos parciales en Cámara y Senado, no ha logrado recomponer una coalición sólida.

A eso se suma —dijo— que presentar una reforma tributaria en el último año de gobierno es especialmente complejo, ya que se trata de una iniciativa impopular y con escaso respaldo político en un contexto preelectoral.

Mientras tanto, el país permanece atento a los próximos movimientos del Gobierno para enfrentar el déficit fiscal, en medio de un debate que pone en juego la estabilidad económica y el impacto directo en los hogares colombianos.

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