4×1000 sigue sin cambios por lío entre bancos y cooperativas
La eliminación del requisito de marcar una sola cuenta exenta del impuesto del 4×1000 en Colombia continúa estancada pese a que la reforma tributaria de 2022 prometió un alivio financiero para millones de usuarios. Más de 500 días después de la fecha fijada para su entrada en vigencia, la medida aún no se aplica debido a problemas tecnológicos, desacuerdos entre entidades financieras y vacíos en la reglamentación.
La situación ha generado críticas desde distintos sectores del sistema financiero y abrió un nuevo debate sobre la capacidad del país para modernizar la infraestructura que soporta los impuestos bancarios.
Actualmente, los colombianos deben escoger una única cuenta de ahorros como exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1000. Esto significa que si una persona mueve dinero desde otra cuenta no marcada, aunque no supere el tope mensual permitido, debe pagar el impuesto.
La reforma tributaria aprobada en 2022 buscaba cambiar esta situación. La idea era que el sistema financiero sumara automáticamente todas las operaciones realizadas por un usuario, sin importar la entidad bancaria o cooperativa, y solo cobrara el gravamen cuando el total mensual superara el límite establecido, que para 2026 asciende a 18,3 millones de pesos.
Sin embargo, el beneficio todavía no entra en funcionamiento.
Crece la presión sobre el Gobierno
Desde Colombia Fintech, gremio que agrupa a las empresas financieras tecnológicas, junto con Nubank, comenzaron una campaña pública recordando que el plazo establecido para implementar la medida ya se venció hace más de 500 días.
A esta presión se sumó recientemente una acción judicial. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió una acción de grupo contra varias entidades financieras por presuntos cobros indebidos del 4×1000.
La demanda sostiene que millones de usuarios están pagando el impuesto de forma injustificada pese a no superar el límite legal de movimientos financieros mensuales. El problema ocurre porque muchas personas tienen varias cuentas de ahorro en distintas entidades y el sistema actual solo permite que una quede exenta.
Según Colombia Fintech, la demora responde principalmente a la falta de voluntad política y a que algunas entidades financieras todavía no cuentan con la infraestructura necesaria para operar bajo el nuevo esquema.
El verdadero problema estaría en la norma
Desde el sector cooperativo, sin embargo, consideran que el problema no radica únicamente en la tecnología, sino en cómo quedó redactada la ley.
Freddy Castro, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Financieras (Fecolfin), explicó que la norma exige la creación de un sistema único de información para verificar y controlar el cobro del 4×1000, pero nunca definió quién debía construirlo ni cómo debían coordinarse todas las entidades participantes.
El desafío es enorme. En el ecosistema financiero involucrado existen actualmente 548 organizaciones, entre ellas 173 cooperativas de ahorro y crédito, 336 fondos de empleados y 39 establecimientos bancarios.
Además, las entidades están bajo diferentes organismos de vigilancia. Mientras los bancos son supervisados por la Superintendencia Financiera, las cooperativas y fondos de empleados dependen de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Para Castro, coordinar a más de 500 organizaciones bajo un mismo sistema tecnológico representa una tarea altamente compleja, especialmente porque cada entidad tiene plataformas, capacidades y presupuestos distintos.
Bancos y cooperativas buscan soluciones
La discusión sobre cómo implementar el nuevo esquema empezó incluso antes de la aprobación de la reforma tributaria. El Gobierno convocó varias mesas técnicas con bancos, fintechs y cooperativas para buscar una solución tecnológica común.
Sin embargo, según Fecolfin, el proceso prácticamente se frenó desde abril de 2025, fecha en la que se realizó la última reunión oficial.
A pesar de ello, algunas entidades avanzaron por su cuenta en la búsqueda de herramientas tecnológicas. Las cooperativas, por ejemplo, trabajaron principalmente con el operador Passport, mientras algunos bancos exploraron alternativas apoyadas en plataformas de información financiera como TransUnion.
Castro asegura que muchas cooperativas ya están listas para implementar el sistema, aunque advierte que los mayores retrasos podrían presentarse en algunos fondos de empleados que todavía no cuentan con la infraestructura requerida.
El principal reto consiste en conectar a todas las entidades para que puedan compartir información en tiempo real y determinar si un usuario supera el tope mensual permitido antes de cobrar el impuesto.
El alivio podría quedar para otro gobierno
Para Fecolfin, el problema de fondo sigue siendo jurídico. Castro considera que el artículo de la reforma tributaria que creó este beneficio quedó mal estructurado y no entregó herramientas claras al Gobierno para reglamentar su funcionamiento mediante decretos.
Por esta razón, desde el sector cooperativo advierten que será necesario modificar la norma en el Congreso para destrabar definitivamente la implementación.
La consecuencia es que uno de los alivios tributarios más esperados por los usuarios financieros podría terminar aplazándose hasta el próximo gobierno.
Mientras tanto, millones de colombianos continúan pagando el 4×1000 en transacciones que, bajo el nuevo esquema, deberían estar libres del impuesto. La situación aumenta el descontento entre los usuarios y mantiene la presión sobre el Ejecutivo y las entidades financieras para encontrar una solución definitiva.
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