Exclusivo: denuncian compra de repuestos ‘piratas’ en vehículos de guerra del Ejército
Ministerio de Defensa pidió investigación penal por presuntas irregularidades en mantenimiento de blindados donados por Estados Unidos
Una denuncia formal del Ministerio de Defensa Nacional encendió las alarmas dentro del sector castrense. El propio Gobierno solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en una investigación penal por presuntas irregularidades en la compra de repuestos para vehículos de guerra donados por Estados Unidos.
Según el documento radicado bajo el número 4412 y compuesto por 17 folios, existirían posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La denuncia apunta a personal militar y civil que habría participado en procesos contractuales cuestionados, comprometiendo la seguridad operativa del Ejército.
Blindados bajo sospecha
El foco de la denuncia está en los vehículos militares M113A2, conocidos como “Oruga”, y los ASV M117, ambos de fabricación estadounidense y entregados a Colombia en calidad de donación.
Estos equipos, fundamentales para operaciones de alta exigencia táctica, requieren repuestos nuevos, certificados y con trazabilidad técnica. Sin embargo, la auditoría interna detectó que en varios procesos no se exigió identificación por número de serie de componentes sujetos a reparación, lo que abriría la puerta a la adquisición de piezas remanufacturadas, usadas o de segunda mano.
Fuentes militares consultadas señalaron que la eliminación de la trazabilidad numérica impide verificar el origen real del repuesto y su historial técnico. “Estamos hablando de vehículos de guerra; no se puede poner en riesgo la vida de los soldados con piezas de dudosa procedencia”, indicó una fuente experta en blindados 4×4.
Sobrecostos de hasta 961 %
La denuncia también revela posibles sobrecostos alarmantes. En 2023, el Ejército adquirió una pieza de ajuste por 976 dólares. En 2024, la misma pieza fue comprada por 13.645 dólares. En otro caso, un enfriador para radiador que costó 3.142 dólares en 2023 fue adquirido un año después por 30.184 dólares.
Según el documento, no se tomó en cuenta el valor histórico disponible, lo que podría constituir una vulneración al principio de selección objetiva en la contratación estatal. La auditoría advierte que el comité estructurador habría utilizado metodologías distintas sin justificación técnica, generando inconsistencias económicas.
Además, se identificaron posibles duplicidades contractuales: un mismo elemento aparecería en diferentes contratos con valores significativamente superiores, alcanzando incrementos de hasta 961 % en dólares.
Hallazgos administrativos y disciplinarios
La inspección interna incluyó cinco oficios de las inspecciones del Ejército y de las Fuerzas Militares, con nueve hallazgos negativos y 18 recomendaciones. Entre las anomalías detectadas figuran:
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Falta de firmas en documentos originales.
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Cotizaciones con la misma fecha y número de radicado.
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Ausencia de publicación oportuna y completa en Secop II.
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Falencias en la supervisión técnica al recibir los repuestos.
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Avales técnicos sin la idoneidad requerida.
En una verificación física en almacén se encontró que un generador de motor correspondía a un bien intercambiable, condición prohibida según los pliegos contractuales, que exigían productos nuevos con fecha de fabricación no mayor a un año anterior a la vigencia del contrato.
Riesgo para la seguridad nacional
El documento del Ministerio de Defensa advierte que estas prácticas podrían comprometer el estado, la calidad y la confiabilidad de los vehículos militares, incrementando el riesgo de fallas en operaciones de alta presión.
La preocupación no solo es financiera. El uso de repuestos usados o repotenciados podría afectar la integridad estructural de los blindados y poner en peligro la vida de los uniformados.
Además, la decisión de apartarse de los manuales técnicos del fabricante podría entrar en conflicto con regulaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dado que los vehículos fueron entregados bajo acuerdos de cooperación militar.
La auditoría concluye que estas prácticas no serían recientes. Según los hallazgos, desde 2019 se habrían emitido especificaciones técnicas en contravía de los manuales del fabricante, pese a prohibiciones previas del Ministerio de Defensa.
Respuesta institucional
El Ejército Nacional de Colombia confirmó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y que, como resultado de la inspección, se compulsaron copias y se iniciaron 12 actuaciones disciplinarias. Tres fueron asumidas por la Procuraduría General de la Nación, cuatro archivadas y cinco permanecen activas en etapa de indagación.
Por ahora, el proceso penal está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existió detrimento patrimonial y si se configuraron delitos contra la administración pública.
El escándalo no solo plantea interrogantes sobre la transparencia en la contratación militar, sino que abre un debate de fondo sobre la supervisión interna y los controles en la adquisición de equipos estratégicos para la defensa nacional.
En un contexto de cooperación internacional y modernización militar, la presunta compra de repuestos de dudosa procedencia para vehículos de guerra donados representa un golpe reputacional y operativo para la institución. La investigación apenas comienza, pero sus implicaciones podrían alcanzar niveles estructurales dentro del sistema de adquisiciones del Ejército.
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