Drones con glifosato contra cultivos de coca: la nueva apuesta de Colombia con respaldo de Estados Unidos

Colombia puso en marcha una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico: la erradicación de cultivos ilícitos de coca mediante drones equipados con glifosato. El programa, respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, busca revertir el récord histórico de 253.000 hectáreas sembradas con coca, según la última medición de la ONU correspondiente a 2023.

La implementación de aeronaves no tripuladas marca un giro tecnológico en la política antidrogas del país. Las autoridades sostienen que el uso de drones permitirá una aspersión más precisa, reducirá el impacto ambiental y minimizará los riesgos para los uniformados que operan en zonas dominadas por grupos armados ilegales.

Un “cambio de reglas” en la lucha antidrogas

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Departamento de Estado aseguró que esta tecnología “podría cambiar las reglas del juego: menos cultivos de coca, más seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles estadounidenses y más vidas salvadas”. El mensaje ratificó el respaldo de Washington a la nueva fase de cooperación bilateral.

El programa piloto cuenta con el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), mientras que las autorizaciones definitivas dependen de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Esta entidad deberá verificar que el plan cumpla con los requisitos ambientales exigidos por la normativa colombiana.

Desde la embajada estadounidense en Bogotá se destacó que la iniciativa no solo pretende impactar la oferta de cocaína que llega a Estados Unidos, sino también reducir la exposición de soldados y policías colombianos a ataques en áreas de alta conflictividad.

Modalidad “quirúrgica” y control ambiental

El entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, explicó que el método será considerado “terrestre”, dado que los drones operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre los cultivos. Según el funcionario, no se trata de una aspersión aérea masiva como la suspendida en 2015, sino de una intervención focalizada.

“No es una decisión aérea, no es masiva, será quirúrgica, como de acupuntura”, señaló Idárraga al defender la estrategia. Agregó que no se requeriría consulta previa en los territorios intervenidos, ya que las operaciones se realizarán en zonas apartadas de comunidades campesinas o étnicas.

La suspensión de la fumigación aérea con glifosato hace más de una década obedeció a una decisión de la Corte Constitucional, que ordenó frenar el programa ante los reportes sobre posibles efectos cancerígenos y riesgos para la salud humana. Desde entonces, Colombia apostó principalmente por la erradicación manual y voluntaria, con resultados limitados frente al crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos.

Cauca, primer escenario del plan

El despliegue inicial comenzará en el departamento del Cauca, con el municipio de Argelia como territorio priorizado. Así lo confirmó el director de Antinarcóticos de la Policía, general Ricardo Sánchez, quien informó que el plan incluye siete programas ambientales, un plan de contingencia y un esquema de abandono y restauración final.

Según explicó el oficial, el objetivo es “prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones” derivadas de las intervenciones. Las fechas exactas de las operaciones se mantienen bajo estricta reserva por razones de seguridad.

La cautela responde a antecedentes recientes. En 2025, un ataque contra un helicóptero que apoyaba labores de erradicación dejó 12 policías muertos. Uno de los episodios más graves ocurrió el 21 de agosto de ese año en la vereda Los Toros, Antioquia, donde murieron 13 integrantes de la Policía Antinarcóticos tras un atentado atribuido a estructuras armadas ilegales. Tras ese hecho, la embajada estadounidense ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre los responsables.

Cooperación renovada tras tensiones diplomáticas

La reactivación de esta estrategia se produce después de un periodo de tensiones entre Bogotá y Washington. La administración del presidente Donald Trump había cuestionado los resultados de la política antidrogas colombiana e incluso descertificó al país como socio eficaz en la lucha contra el narcotráfico.

En contraste, recientes encuentros bilaterales en la Casa Blanca han permitido retomar la cooperación en materia de seguridad. El Departamento de Estado calificó esta nueva etapa como una “histórica cooperación militar” para enfrentar guerrillas y carteles.

Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), considera que el uso de drones representa una oportunidad para mejorar la eficacia operativa y reducir la exposición del personal en terreno.

Expectativa y debate nacional

La implementación de drones con glifosato reabre el debate en Colombia sobre el equilibrio entre seguridad, salud pública y protección ambiental. Mientras el Gobierno sostiene que el modelo es más seguro y focalizado que la aspersión aérea tradicional, sectores críticos advierten que cualquier uso del herbicida puede generar controversias jurídicas y sociales.

Lo cierto es que la nueva estrategia busca responder a una realidad contundente: el crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos y el fortalecimiento de economías criminales asociadas al narcotráfico. Con 253.000 hectáreas registradas, Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política antidrogas de los últimos años.

Si las autorizaciones ambientales se concretan en las próximas semanas, las operaciones podrían comenzar en cualquier momento. El Gobierno Nacional mantiene bajo reserva los detalles logísticos, consciente de que el éxito del plan dependerá tanto de su precisión técnica como de su capacidad para evitar nuevas escaladas de violencia en los territorios intervenidos.

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