La Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización criminal responsable de una millonaria defraudación a Ecopetrol, que superó los nueve millones de dólares en un periodo de apenas cuatro años. El grupo delincuencial se dedicaba al hurto de crudo de la estatal petrolera, para luego revenderlo a la misma empresa, tras darle apariencia de legalidad.
El modus operandi
Según las investigaciones, los integrantes de la organización contaban con empresas legalmente constituidas que actuaban como fachada para almacenar, refinar y comercializar el crudo robado. El producto era sustraído principalmente de pozos convencionales y del oleoducto Caño Limón–Coveñas, y posteriormente vendido a gran escala en las regiones norte, centro y oriente del país.
“Un conglomerado de empresas ficticias señalado de dar apariencia de legalidad al hidrocarburo extraído fraudulentamente […] sería el responsable de una defraudación millonaria al Estado”, explicó Andrés Escobar, director de Crimen Organizado de la Fiscalía.
Capturas y sedes operativas
Durante el operativo, fueron capturados siete presuntos responsables, entre ellos, los representantes legales de las empresas involucradas y un químico encargado de los procesos de transformación del crudo. Las investigaciones revelaron que estas empresas tenían sedes en:
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Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander)
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Galapa y Barranquilla (Atlántico)
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Cúcuta (Norte de Santander)
El entramado criminal generaba ganancias mensuales de hasta 2.000 millones de pesos, gracias a la comercialización del crudo transformado y revendido como producto legal.
Imputaciones y cargos
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Se les imputaron los delitos de:
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Concierto para delinquir agravado
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Apoderamiento ilícito de hidrocarburos
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Enriquecimiento ilícito
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Cohecho por dar u ofrecer
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Falsedad en documento privado
¿Funcionarios involucrados?
La Fiscalía también investiga la posible participación de funcionarios de Ecopetrol y miembros de la Fuerza Pública, quienes habrían facilitado o permitido la operación de esta red criminal, generando un grave detrimento patrimonial para el Estado.
